Autor: Saúl José Coca Guzmán[1]

Sumario.- 1. Introducción, 2. Las causales de improcedencia del allanamiento en el proceso civil, 2.1. El demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto; 2.2. El apoderado o representante del demandado carece de facultad para allanarse, 2.3. Los hechos admitidos requieren ser probados por otros medios, además de la declaración de parte, 2.4. El conflicto de intereses afecta el orden público o las buenas costumbres, 2.5. el Conflicto de intereses comprende derechos indisponibles, 2.6. Habiendo litisconsorcio necesario, 2.7. Presume la existencia de fraude o dolo procesal, 2.8. Advierte que la sentencia a dictarse va a surtir efecto frente a tercero no emplazado, 2.9 El demandado es el Estado u otra persona de derecho público, 3. Conclusiones, 4. Bibliografía.

1. Introducción

En el presente artículo analizaremos cada una de las causales de improcedencia del allanamiento del proceso civil a efectos de que el lector pueda entender cada una de ellas de manera simplificada y que el operador jurídico pueda invocarlas correctamente.

2. Las causales de improcedencia del allanamiento en el proceso civil

2.1. El demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto

Este supuesto se orienta a verificar la capacidad de quien realiza la disposición. Lamentablemente la redacción del inciso 1 se refiere a la capacidad del demandado. A pesar de esta exclusión consideramos que el control de la capacidad también debe ser extendido al actor, cuando a este le correspondiera ejercitarlo. El allanamiento tiene que ser producido por el sujeto contra quien se ejercita alguna pretensión. Puede provenir del demandado o del actor ante una reconvención o excepción (Ledesma, 2008, 43).

En este caso quien es demandado (o el demandante) tiene capacidad para ser parte procesal, es decir titular de situaciones jurídicas procesales, pero no tiene capacidad procesal, es decir la aptitud o idoneidad de comparecer a un proceso y actuar en él. El demandado (o el demandante) en este supuesto podría tratarse de una persona menor de edad, o una persona en situación de discapacidad los cuales requerirán de alguien más que actúe en lugar de ellos en el proceso como un representante legal o curador.

2.2. El apoderado o representante del demandado carece de facultad para allanarse

Tanto el apoderado[2] o representante[3] del demandado deben contar con facultades

especiales para allanarse, esto es, con instrucciones precisas para realizar tal acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75[4] del Código procesal. En el caso de los padres[5] que actúan como representantes legales de sus hijos menores de edad, si su allanamiento implica renuncia a algún derecho, debe requerirse la autorización judicial.

Respecto de los curadores procesales[6], estos carecen de facultades de allanarse[7] a la demanda, su misión es velar por los intereses y derechos de aquellos que representa. (Ledesma, 2008, 43).

El apoderado será invocado por quien cuente tanto con la capacidad para ser parte como la capacidad para comparecer a un proceso es decir la capacidad procesal. En cambio, el representante será llamado por quien solo ostente la capacidad para ser parte y por tanto requiera de otro que pueda comparecer al proceso y realice diversos actos procesales en su lugar. Empero, ambos contarán con facultades generales que impliquen la capacidad procesal y desempeño de actos de administración sobre los bienes del poderdante y representado respectivamente. Sin embargo, los actos de disposición como el allanamiento requerirán de facultades especiales para llevarse a cabo.

2.3. Los hechos admitidos requieren ser probados por otros medios, además de la declaración de parte

Los hechos reconocidos operan cuando quien contesta la demanda no niega concretamente todos y cada uno de los argumentos del actor. En este caso estamos ante lo que el Código Procesal denomina como hechos admitidos. Hay que diferenciar estos del reconocimiento. Este último no es propio de los hechos sino del derecho (Ledesma, 2008, 43).

Se considera que la admisión de hechos es una declaración espontánea y se diferencia de la declaración provocada porque la primera es la que se efectúa en la contestación de la demanda o en los escritos de alegación. Conlleva la admisión de los hechos, siendo su función respecto de la prueba hacerla innecesaria.

En cambio, la provocada -como es la declaración de parte- es la que constituye el medio de prueba (Ídem).

En este caso, el juez no se encuentra convencido por los hechos admitidos por la parte demandada, en la contestación o en los escritos de alegación, respecto de la controversia (o incertidumbre) jurídica llevada al proceso. Y por tanto requerirá de los medios probatorios[8] previstos en el CPC que puedan darles o restarles validez a los hechos admitidos por la parte demandada.

En el Expediente 212-2008-57-2701-JM-CI-01 sobre título supletorio se concluye, en su considerando 5, que no basta que la parte demandada, en posesión de un inmueble, reconozca o alegue el derecho de propiedad del demandante sobre el predio para que proceda el allanamiento sino que se requerirá de más pruebas tomando en cuenta que existe un tercero que desea incorporarse al proceso como litisconsorte.

En ese sentido advertimos que la pretensión incoada por la parte accionante está referido a  la de Título Supletorio que trae consigo – en caso de ser amparado su derecho – el reconocimiento del derecho de propiedad referido a un determinado bien inmueble – actualmente ocupado por terceros-, lo cual no basta que sea alegado o reconocido por la parte demandada sino probado con otras pruebas además que en autos existe la petición de un tercero de ser considerado como litisconsorte; por lo que el allanamiento bajo esas circunstancias resulta improcedente.

2.4. El conflicto de intereses afecta el orden público o las buenas costumbres

Cuando el conflicto de intereses (o incertidumbre) con relevancia jurídica afecta:

• el normal funcionamiento del que deben gozar las instituciones públicas y privadas (orden público)
• aquellas disposiciones de obligatorio cumplimiento que afectan principios fundamentales de la sociedad y que están incluidas dentro del concepto de orden público (normas imperativas)

Siguiendo a Ledesma, estarían vetados aquellos actos de disposición sobre la capacidad civil, la patria potestad, la reserva hereditaria o aquellos que impliquen la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de la prestación, la renuncia a la acción por lesión o la celebración de actos de disposición sobre el propio cuerpo que puedan a ocasionar una disminución permanente de la integridad física, etc (Ledesma, 2008, 44).

Vemos que algunos de los actos prohibidos están regulados en los libros de personas naturales, acto jurídico, familia, sucesiones y contratos parte general.

Asimismo, la prohibición se extiende también a aquellos actos para los que la norma pide una formalidad determinada la que no podría en ningún caso ser suplida con el allanamiento ya que ello implicaría la existencia de fraude en el orden procesal. Es decir, si algunas pretensiones tuvieran una exigencia documentaria no cabría el allanamiento pues existe una norma que habría puesto exigencias mínimas para la celebración de determinado acto. El allanamiento por tanto no puede sustituir una exigencia formal prevista en el Código sustantivo porque en ese caso estaríamos permitiendo que el proceso le saque la vuelta al derecho material. La mentira protocolizada por un juez genera que esa exigencia configurante del negocio e impuesta por ley se altere con una clara afectación del orden público que se debe proteger (Ledesma, 2008, 45).

• las reglas de conductas morales incorporadas al derecho establecidas en un momento histórico determinado (buenas costumbres)

Consideramos que este supuesto se presentará en rara ocasión o tal vez nunca.

2.5. El conflicto de intereses comprende derechos indisponibles

Respecto a la locución indisponible puede decirse, siguiendo a Ferrajoli, que existe una comprensión generalizada en el sentido de tratarse de una especial categoría de derechos cuyo interés público los torna irrenunciables, inalienables e intransmisibles por parte de sus propios titulares (Venturi, 2016, 2).

Por su parte Cassar relaciona la indisponibilidad al control estatal para la protección de los intereses públicos afirmando que los derechos indisponibles son controlados por el Estado con mayor o menor intensidad y no derivan de la autonomía de las partes sino de la imposición legal hecha por las normas cogentes, impuestas por el Estado, para tutelar algún interés social (Da Costa y Barbosa, 2019, 212).

Los derechos de la persona son un claro ejemplo de indisponibilidad. Así el artículo 5 del Código Civil reza:

El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6.

Ledesma considera que lo regulado en el inciso 5 comprende al orden público y a las buenas costumbres como restricciones para el allanamiento. Bajo esta premisa no sería procedente aceptar el allanamiento en pretensiones de disolución de vínculo conyugal por causal o en pretensiones de suspensión o pérdida de la patria potestad, pues el objeto de litigio en ambos casos se sustenta en la afectación del orden público. Otro caso en el que tampoco cabe el allanamiento, está recogido en la Casación 646-95, Callao del 16 de setiembre de 1996, donde el curador procesal al contestar la demanda reconoció la veracidad de la causal de divorcio y de la pretensión alimenticia, lo que importaba un allanamiento, incumpliendo así el inciso 2 del artículo 332 del CPC (2008, p. 46).

2.6. Habiendo litisconsorcio necesario

Aquí contamos con los casos de petición de herencia[9], intervención principal excluyente, tercería de propiedad[10], entre otros.

2.7. Presume la existencia de fraude o dolo procesal

La posibilidad de la actividad dolosa en el proceso o con el proceso, no puede ser desterrada. En el primer caso nos ubicamos en un proceso fraudulento y en el último, en un proceso simulado o aparente. El fraude procesal constituye la actividad de uno o más de los sujetos procesales tendente a lograr, a través de la actividad procesal normal, pero de manera insidiosa e indirecta, un daño ilícito que en definitiva se produzca en perjuicio de un sujeto pasivo que normalmente sería un tercero ajeno al proceso. En el fraude, las partes conciertan y confabulan para obtener con o sin allanamiento una sentencia judicial para que se reconozca y declare una pretensión sin causa o con causa ilícita en perjuicio de terceros (Ledesma, 2008, 47).

En resumidas cuentas, el fraude o dolo procesal puede provenir de:

– una de las partes procesales para perjudicar a la contraparte o a un tercero

– ambas partes procesales para perjudicar a un tercero.

El proceso simulado no es más que una apariencia de juicio en el que las partes, buscan y apetecen la vía judicial, tal vez más cómoda, para la formación de un negocio jurídico ilícito. En este proceso existe fraude por común voluntad de las partes para dañar a terceros y engañar al juez (Ledesma, 2008, 47).

Es decir, el fraude o dolo procesal tiene como finalidad:

– Engañar al juez para que dicte una sentencia o resolución que cause perjuicio a una de las partes procesales o a un tercero

El fraude o dolo procesal comprendería, siguiendo a una doctrina extranjera, aquellas afirmaciones conscientemente falsas realizadas por una de las partes procesales, avaladas quizás también con documentos o testigos falsos que consiguiendo engañar, al contrario, provocan que este, como consecuencia del error, realice un acto de disposición (reconocimiento, renuncia, transacción, etc) (Cerezo, 1966, 179).

En otras palabras, el engaño realizado a la otra parte procesal deja abierta la posibilidad de que esta:

– Realice actos de disposición que concluyan el proceso civil

Otros ejemplos de conductas fraudulentas, producidas en un acto procesal en concreto, los tenemos cuando una de las partes declara falsamente la dirección de su contraparte, o cuando jura en falso haber agotado todas las gestiones para proceder a la notificación por edictos, o cuando un testigo presta una declaración falsa, o cuando se adultera un documento, o cuando se obtiene un peritaje por corrupción o cuando se contesta con hechos falsos (Priori, 2008, 334).

Por otro lado, el Código Procesal permite al juez, de oficio, citar de manera forzada u obligada a terceros que puedan verse perjudicados con dicha actividad dolosa. Nos estamos refiriendo a la posibilidad que regula el artículo 106 del CPC, el llamamiento por fraude o colusión, la que genera como efecto inmediato ante esa citación, la suspensión del proceso (Ledesma, 2008, 47).

Finalmente, el fraude o dolo procesal resultará perseguible penalmente[11].

2.8. Advierte que la sentencia a dictarse va a surtir efecto frente a tercero no emplazado

Este inciso hace alusión a las categorías jurídicas del litisconsorcio y la intervención de terceros en el proceso civil. Así podemos tener al litisconsorcio necesario[12], facultativo[13], a la intervención coadyuvante[14], intervención litisconsorcial[15], intervención excluyente principal[16] e intervención excluyente de propiedad o derecho preferente[17]. En este inciso incluimos también al llamamiento por fraude o colusión procesal[18].

2.9 El demandado es el Estado u otra persona de derecho público

Contrario sensu, solo procede el allanamiento de parte de una persona natural o persona jurídica de derecho privado (con las facultades especiales correspondientes) salvo las excepciones contempladas en el art. 322 del CPC.

 3. Conclusiones

Las variopintas causales de improcedencia del allanamiento demuestran que no son una alternativa simple para la conclusión de un proceso

4. Bibliografía.

DA COSTA, N. y BARBOSA R. (2019). “A transação de direitos indisponiveis na mediação”. Revista DIREITO UFMS (5), 1, 208-232.

CEREZO, J. (1966). “La estafa procesal”. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo 2, 179-198.

LEDESMA, M. (2008). Comentarios al Código Procesal civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica.

PRIORI, G. (2008). “El principio de la Buena Fe Procesal, el abuso del proceso y el Fraude Procesal”. Derecho & Sociedad, (30), 325-341.

VENTURI, E. (2016). “Transação de direitos indisponíveis?”. Revista de Processo, (251), 1-26.