La Ley Nº 32089 del Perú delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas áreas clave durante un plazo de 90 días. Esta ley busca impulsar la reactivación económica mediante la simplificación de procedimientos administrativos, promoviendo tanto la inversión pública como la privada. Entre las medidas más destacadas se incluyen la mejora en la planificación y adquisición de terrenos y la eliminación de interferencias para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura.
En términos de simplificación y calidad regulatoria, la ley introduce cambios para agilizar procesos administrativos, fomentando la competitividad y el crecimiento sostenible. También se modifican competencias para mejorar la gestión de los Centros de Atención en Frontera y otros servicios públicos esenciales, optimizando los procedimientos para la obtención de títulos habilitantes y la ejecución de proyectos.
La ley también abarca la actividad empresarial del Estado, promoviendo inversiones en sectores estratégicos como la infraestructura petroquímica, el hidrógeno verde y la electrificación rural. Además, fortalece el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y establece mecanismos para facilitar la inversión en proyectos públicos y privados.
En materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, se implementan normativas especiales para la atención de recursos administrativos y se fortalecen aspectos relacionados con la seguridad jurídica para fomentar la inversión privada. La ley también incluye modificaciones en la legislación migratoria y otras medidas destinadas a garantizar la seguridad y el orden público.
Asimismo, se establecen disposiciones para mejorar la gestión del patrimonio cultural, promoviendo su conservación y facilitando la inversión pública y privada en este ámbito. También se fomenta el uso de gas natural y se optimizan los procesos de remediación de pasivos ambientales mineros, garantizando un desarrollo sostenible y equilibrado.
Esta ley, por su enfoque integral y multidimensional, representa un esfuerzo significativo para dinamizar la economía peruana y mejorar la eficiencia administrativa, sentando las bases para un crecimiento sostenido y sostenible.
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